RESOLUCIÓN DE APAL. "CATALUÑA: OPORTUNIDAD COMÚN FRENTE AL AGOTAMIENTO DE UN MODELO ANACRÓNICO"
CATALUÑA:
OPORTUNIDAD COMÚN FRENTE AL AGOTAMIENTO DE UN MODELO ANACRÓNICO
Ante
lo acontecido en relación al denominado “asunto catalán” y
frente al dramático cariz que adquiere su desarrollo y que podría
desembocar en un callejón sin salida de mantenerse la actual espiral
de acción-reacción por parte de sus actores políticos, el Aula de
Pensamiento y Alternativas-APAL hemos considerado oportuno
manifestarnos y queremos hacerlo en los siguientes términos y
consideraciones:
1.
Valoramos que esta situación, tan compleja en esencia como en sus
orígenes históricos, socio-culturales y políticos, no puede ser
abordada de forma reduccionista,
limitando el análisis a una
mera cuestión de ámbito jurídico, a una llana confrontación entre
legalidad y alegalidad.
De
idéntica forma, tampoco cabe contemplarlo como un simple “choque
de trenes” entre administraciones -central y periférica-, o entre
oligarquías y centros de poder. A lo largo de los años y,
particularmente, a través del menosprecio y la caricaturización
ejercidos desde el centralismo del estado español, el pueblo catalán
ha venido experimentando un incremento de su desafección respecto a
ese Estado al que, en proporción cada
vez más significativa, vislumbra como lejano y ajeno.
A
esa sensación sin duda ha contribuido, de forma notoria, el
rechazo del Estado español a las aspiraciones de autogobierno
planteadas de forma democrática en la reforma del “Estatut” en
el año 2005 después de haber pasado todos los trámites legales. El
Partido Popular, por entonces en la oposición en el Congreso de los
Diputados, tras una recogida masiva de firmas, presentó un recurso
al Tribunal Constitucional (controlado por las derechas españolas
lideradas por el PP) que fue aceptado. El texto del nuevo Estatut
había sido propuesto por el gobierno tripartito presidido por
Pasqual Maragall, del PSC-PSOE; fue sometido a referéndum por la
ciudadanía de Cataluña y refrendado por el Parlament.
Posteriormente, en 2006, fue aprobado por las Cortes con importantes
cambios.
El
pueblo catalán no se confronta con el resto de pueblos que conforman
la realidad pluri-nacional de nuestro estado, sino con la relación a
la que le somete el propio estado centralista.
2.
La posterior negación sistemática de sucesivos gobiernos centrales,
a atender diferentes demandas de negociación para redefinir la
relación entre Cataluña y el Estado, ha venido a profundizar una
brecha que ha terminado superando a los propios partidos
nacionalistas e independentistas catalanes, ampliando las bases del
distanciamiento entre el pueblo catalán y el Estado que
se acentúa con los gobiernos del PP. . La ausencia de
muestras decididas de voluntad, por parte de las izquierdas
estatales, de presentar propuestas alternativas, tampoco ha ayudado
a evitar que cada vez se perciba más distante la posibilidad de
cambios en esa situación de bloqueo. En
definitiva, las pretensiones de mayor autogobierno y la base social
de apoyo a los partidos políticos independentistas crecían en
proporción inversa a la falta de respuesta del Estado. Esas
aspiraciones no conseguían instalarse en la agenda política a pesar
de todo y… sabemos que un problema no es problema si no entra en la
agenda política.
3.
Mientras tanto y especialmente durante estas dos últimas
legislaturas, el conjunto de la ciudadanía del estado está siendo
testigo (sufriendo directamente sus consecuencias) de múltiples
síntomas de agotamiento de un sistema-régimen del 78 que agoniza
por su incapacidad para garantizar un estado al servicio de las
personas y sus necesidades. Los datos e índices de pobreza y de
exclusión social, de sustracción de derechos básicos como la
vivienda o el empleo decente a millones de ciudadanos, así lo
indican. La Constitución de 1978
es esgrimida, si permitir discusión, como marco inamovible e
inmodificable que bloquea automáticamente cualquier propuesta
tendente a reformar las relaciones entre el estado y los diferentes
territorios que lo integran. La misma Constitución que en un plazo
récord fue modificada en su artículo 135, para priorizar el pago de
la deuda y sus intereses, o para agilizar la proclamación de Felipe
VI, se defiende como intocable si se trata de adaptarla a nuevos
planteamientos de la estructura del estado y sus autonomías.
4.
Un creciente déficit democrático acompaña al desamparo social al
que se ven sometidas millones de personas, al tiempo que la
información libre e imparcial se ve mermada en favor del pensamiento
único con el que las grandes empresas mediáticas, cada vez con
menos reparos y escrúpulos, pretenden generalizar estados de opinión
favorables a un establishment del que forman parte. Mientras tanto y
especialmente durante estas dos últimas legislaturas, el conjunto de
la ciudadanía del Estado está siendo testigo, y sufriendo
directamente sus consecuencias, de múltiples síntomas de
agotamiento de un sistema-régimen se resiste a permitir su
amortización (o al menos su corrección). Derechos fundamentales
como la libertad de expresión, se ven preocupantemente mermados a
través de leyes como la “Ley Mordaza”, mientras que la
corrupción se extiende a todos los ámbitos administrativos,
señalando escandalosamente y de forma múltiple al partido que
sustenta al gobierno, sin que eso impida que siga manejando las
riendas de la gobernanza. La misma corrupción, por cierto, que
impregna a algunos de los partidos catalanistas y que pudieron creer,
en un principio, que el “Procés” terminaría borrando de la
memoria de sus paisanos. Sin embargo, los resultados electorales que
han ido cosechando les relega del papel de liderazgo en ese proceso,
para pasar a tolerarlos como meros acompañantes que, en el camino,
se han visto obligados a radicalizar sus propias posiciones -antaño
menos contrapuestas a las de sus homólogos ideológicos en la
derecha centralista-.
La
teórica separación (garante de autonomía) de los poderes del
Estado, establecida en la Constitución del 78, ha dejado también
entrever sus limitaciones, especialmente en relación al Poder
Judicial. Órganos como la Fiscalía General del Estado, o el propio
Tribunal Constitucional, quedan continuamente en entredicho por la
más que sospechosa “politización” y parcialidad de sus
actuaciones y los mecanismos de elección de sus integrantes, hasta
el punto que son muchos ya los organismos, nacionales e
internacionales, que advierten sobre la peligrosa deriva autoritaria
que se desprende de esta relación entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial en el reino de España.
5.
Ante la gravedad de la situación, consideramos imprescindible crear
las condiciones inmediatas para una solución dialogada y, por
ende, civilizada, a este conflicto en el que no sólo se juega la
“cuestión catalana”, sino la propia apertura del estado español
a un nuevo “Proceso Constituyente” que permita
traspasar
definitivamente la barrera
que impusiera en sus estertores el régimen dictatorial; el
mismo régimen que formalmente cerramos (en falso) con la
Constitución del 78. No al menos, con un estado central gobernado
por un partido que tiene bien claro que su propia supervivencia viene
ligada a la posibilidad de aplastar, o al menos humillar, la rebelión
desatada en Cataluña, porque con ello conseguirá sobreponerse
milagrosamente al cuestionamiento que genera su aireada corrupción;
debilitar -por mucho tiempo- el armazón ético del concepto
plurinacional de España y, al tiempo, neutralizar una de las más
importantes simientes presentes en el ADN de las izquierdas, tanto
estatales como territoriales.
La
Declaración Unilateral de Independencia del estado catalán es el
escenario que conviene
al ultra-nacionalismo español para justificar una entrada
triunfal en Cataluña y que además permitiría inmovilizar a las
izquierdas ( ya timoratas y desconcertadas) junto a los movimientos
sociales progresistas y socavar cualquier posibilidad de acción
conducente a hacer valer otras alternativas.
Con
la inestimable ayuda de los poderes mediáticos, el gobierno del PP
conseguiría legitimarse ante la opinión pública para imponer su
propio “golpe” -al estilo Turquía- como respuesta al denominado
“golpe de estado catalán” ( ya inoculado como dogma de fe en
gran parte del común a base de insistir en la idea).
En
virtud de este análisis, APAL se suma a todo llamamiento en favor de
restablecer el diálogo y de posibilitar la intervención de
cualquier fórmula de mediación (interna o externa) que contribuya a
enfriar el conflicto y tender puentes que alejen un desenlace
violento. Nos adherimos a cualquier iniciativa ciudadana que haga
recapacitar al gobierno central y al govern catalá y les
inste a “bajar las espadas”. Consideramos fundamental que el
Parlament paralice la “hoja de ruta” que traza su Ley de
Transitoriedad Jurídica y que, por tanto, no proceda a la
Declaración Unilateral de Independencia.
Pero
no perdemos de vista que la cristalización de tales llamamientos (y
en el mejor de los casos) no nos permitirán otra cosa que ganar
tiempo -que no es poco- para iniciar un verdadero proceso resolutivo
y duradero. Restablecer la convivencia pasa inexorablemente por
construirla en base a la dignidad de las personas y de sus pueblos,
en el atento y escrupuloso cumplimiento de los Derechos
Humanos-incluido el derecho a decidir- y la proposición de un modelo
inclusivista en el que todas y todos nos sintamos contemplados y
cómodos. Restablecer la convivencia pasa por recomponer el estado
social y de derecho, modificando aquellos marcos legislativos que nos
condenan a renunciar a derechos básicos y fundamentales y aquellos
otros que, lejos de incentivar nuestra voluntad de trabajar por ese
proyecto, nos lo presentan como un yugo imperecedero.
No
es posible encontrar una solución al asunto catalán sin de paso
afrontar un “Proceso Constituyente” que, entre otros asuntos
prioritarios, permita dibujar un estado al servicio de las personas,
que restituya el actual déficit democrático, que garantice una
verdadera división de poderes y que permita desarrollar un proyecto
de España como “país de países”. Ni que decir tiene que, en
ese conjunto de mínimos, el “derecho a decidir” debe quedar
nítidamente contemplado y la mejor forma de lograrlo es a través de
la negociación de un referéndum pactado y vinculante, no sólo para
el pueblo catalán, sino para cualquier otro pueblo que estimase
oportuno reclamarlo.
Mucho
nos tememos que ese camino resolutivo no será posible recorrerlo con
la buena voluntad de los actuales inquilinos del gobierno central,
por lo que una eventual salida de esta espiral desastrosa pasa por
que las fuerzas progresistas (incluidas opciones nacionalistas) se
pongan de acuerdo para sustituir al actual gobierno en minoría del
PP, de forma democrática (por ejemplo una moción de censura), bajo
un compromiso de mínimos. La Historia, en un
momento muy difícil pero decisivo, le reclama al PSOE una
ubicación clara en un momento crucial; volviéndole
a colocar entre sus principios y el temor a que se le señale en una
foto en la que muchos de sus barones se niegan a estar.
Canarias
a 9 de octubre de 2017
Aula
de Pensamiento y Alternativas-APAL
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